REGISTRO DE CELULARES: OBLIGADOS A DUDAR

Por Carlos C. Koval Yanzi

Publicado en COMERCIO & JUSTICIA el 19/08/2008.-


Recapitulando la novedad, hace unos pocos días el ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Aníbal Fernández, se despachó con la noticia de la creación de un denominado “Registro de Celulares”. A estos fines, la reglamentación
del registro de titulares de teléfonos móviles fue anunciada por el Gobierno con el afán propuesto de “combatir el mercado negro de los equipos y líneas móviles”, y como medida de seguridad para “reducir el uso con fines delictivos”. En estos días la presidenta Cristina Fernández se dispone a firmar el decreto que supondrá una serie de requisitos a cumplir para quien adquiera o ya posea un celular, dentro de las características que vamos a tratar de pasar en limpio.

Características del proyecto

A partir de la firma del decreto y su publicación en el Boletín Oficial:

- En primer lugar, se realizará el reempadronamiento de unos –estimados- 30 millones de celulares que son de uso “prepago” –es decir, los que se cargan con tarjeta- durante un período de 180 días, que podrá prorrogarse. Estamos hablando aquí del 90% de los usuarios de celulares.
- Para los que compren un celular por primera vez, tendrán que demostrar su identidad con un documento, dato que será chequeado con el Registro Nacional de las Personas ; denunciar un domicilio, que será corroborado por la compañía de celulares a través de una carta que debe ser contestada por el usuario (recién cuando ésta sea devuelta al vendedor se podrá habilitar el servicio al aparato), y deberán dejar la huella digital (éste constituye quizás el mas polémico requisito, sobre el que ya nos explayaremos, de todas maneras, para el ministro esto "no es un inconveniente" y "no es para nada engorroso escanear las huellas y tenerlas en una base digital", Fernández dixit).
- Para comprar una tarjeta prepaga se tendrá que demostrar que ya se está incluido en el registro de usuario legítimo y también cuando quiera comprar el chip (es decir, el Módulo de Identificación Removible o SIM). No hay precisiones que ayuden a aclarar cómo se implementará ese sistema.
- En tanto, los celulares “pospago”; es decir, los que reciben a fin de mes la factura por el servicio, "en principio ya están registrados, pero tendrán que hacer una suerte de reconocimiento, donde se ratificará u titularidad", explicó el funcionario. Aquí se estima que la cantidad de usuarios en esta condición asciende a 3.500.000. Sólo deberán registrarse si compran uno nuevo.
- Por otra parte, el decreto que verá la luz en los próximos días también señala que las empresas de celulares (Movistar, Claro, Personal) "tendrán que compartir información sobre los aparatos robados y extraviados". El objeto es mantener actualizado el registro. Respecto a este particular, es de aclarar que, de todas maneras, desde el año 2000 funciona la 'banda negativa', una base de datos donde se incluyen los números de identificación de los equipos robados a los clientes para evitar que el ladrón pueda activar una línea con ese teléfono.
- Si un teléfono sale del circuito legal por robo o hurto, no podrá ser rehabilitado nuevamente.
- En el caso de los usuarios que traigan por su cuenta celulares del exterior, deberán exhibir la factura de compra y la documentación de importación para poder habilitarlo en el país.
- Sólo podrán comercializar celulares las empresas legalmente autorizadas. Esto es, quedará prohibida la actividad de revendedores, mayoristas y cualquier otra persona no autorizada. Se creará un registro para las empresas habilitadas para la venta, similar al de los usuarios (¿Es decir que con anterioridad no se había regulado sobre este tan obvio punto?. Pienso que en realidad jamás se hizo lo que se debía.)
En fin, la idea gubernamental es que, respecto a quienes ingresarán en el registro, en una primera etapa se apunte a aquellos celulares que se compran de aquí en adelante, “pero tomando un tiempo prudencial va a incluir a todos".

Antecedente Blumberg

La reglamentación de la venta de teléfonos celulares había sido uno de los postulados del (“Ingeniero”) Sr. Juan Carlos Blumberg en su cruzada contra la inseguridad luego del trágico secuestro en el que pierde la vida su hijo Axel.
En el año 2004 y al leer un petitorio ante la friolera de 150 mil personas en la Plaza de los Dos Congresos porteña, en el segundo ítem del mismo, se pidió (textualmente) "una ley que obligue a la registración pública de la telefonía celular móvil con datos personales y DNI del titular. Registro de quienes venden celulares. Prohibición de venta a quienes registran antecedentes penales".
Hubo entonces dos iniciativas normativas en este campo, y ambas durante la gestión presidencial - matrimonial Kirchner, las cuales fueron aprobadas por el Congreso. A grandes rasgos en dichos instrumentos se penalizaba la compra venta de aparatos usados y se creaba un registro de usuarios. También se sancionaba con hasta tres años de prisión a quien compraba teléfonos "a sabiendas de su procedencia ilegítima". Hablamos entonces de la Ley 25.891, conocida hasta hoy como “Ley Blumberg”.
Otros dos proyectos de ley impulsados por Blumberg: la reducción de edad de imputabilidad a 14 años y la reglamentación del instituto del juicio por jurados populares, contemplado en la Constitución Nacional de 1853, no corrieron con la misma suerte y nunca se aprobó norma sobre el tópico hasta el día de hoy por el Parlamento de la Nación.
Es entonces en 2008 que la presidenta Fernández de Kirchner decide reglamentar entonces estas normativas.

Situación actual y objetivos (los explicitados y los que no)

Partiendo de la premisa de que algunos medios han hecho saber que en la concepción de las esferas del Gobierno Nacional “un celular es como un arma”, y equipararlo así con una escopeta, pistola o rifle, parecería que el tema de la seguridad pública surge como primera excusa a los fines del dictado de una norma como la que se está pergeñando. Las razones que voces oficiales han enunciado precisamente señalan que aquí lo que pesa son razones de seguridad y el fuerte crecimiento del uso de celulares en delitos, desde robos a secuestros. En virtud de ello, es necesario saber de quién es cada aparato, ligarlo a una persona en concreto, y no continuar como sucede en la actualidad, que se compran sin ningún registro.
Y ya en el terreno de la equiparación “bélica” absoluta basta saber que se ha dicho que "es igual que exigir a quien compra balas certificación de que tiene su arma declarada", según justifican los funcionarios (Diario Clarín del 08-08-08), al referirse a la adquisición del chip.
Por supuesto que es imperioso y sería de importante ceguera mental no reconocer que el panorama actual respecto a este tema es grave y las estadísticas, informaciones y noticias nos asfixian día a día. Hoy la actividad no está regulada, o en todo caso las regulaciones y sus intentos han sido muy deficientes y la realidad ha terminado por avasallar los intentos de poner un coto de prolijidad y reglamentación a esta situación. Es notable viajar a Capital Federal y por ejemplo, ver que los celulares se venden en los andenes de los trenes. Y en todos lados pululan revendedores que nadie conoce. En suma, la actividad está descontrolada. Es común en Bs.As. y en varios puntos del país detectar que hoy se pueden adquirir chips por 5 pesos en las líneas de colectivos o de subtes, además de otros puntos de venta callejera. Ni hablar de los niños que llevan un celular encima desde - cada vez más – tempranas e insólitas edades.
Se agrega a ello el sombrío problema y la carga de angustia y daño social que conlleva desde hace unos años la modalidad del tristemente célebre “secuestro virtual” (cuyas primeras noticias en el país surgieron por hechos cometidos desde la cárcel cordobesa de Bouwer) en el cual los celulares son protagonistas principales. Aunque no existen cifras oficiales porque la mayoría de los hechos no se denuncia – pese a que algunos matutinos informan que de los datos recolectados por las fiscalías porteñas surge que en la primera mitad de 2008 habría aumentado el 50% los casos respecto del año pasado - los damnificados por esta modalidad delictiva, que consiste en obtener dinero de una persona a quien se le hace creer mediante una llamada telefónica que alguien de su entorno está privado de la libertad, torturado o amenazado, se cuentan de a miles en la Argentina, admiten fuentes policiales.
Además, por caso, no está prohibida contundente o claramente la “clonación”, es decir, el uso de aparatos robados, o no (también encontramos que el fraude de clonación pasa cuando el usuario se encuentra fuera del área de movilidad de origen, o sea, en "roaming", y operando en modo analógico) a los que se ha reprogramado para transmitir el código del aparato y el código de un abonado habilitado. Así, el defraudador usa el aparato clonado para hacer las llamadas telefónicas y las mismas son debitadas en la cuenta del titular de la línea. Lamentablemente es cuestión de entrar a Internet desde cualquier computadora y se dará cuenta que hay “tratados” y guías practicas de delincuentes que adiestran en el aprendizaje de “clonar” y con otras artimañas defraudar a las empresas prestatarias del servicio.
Todo esto lleva a indicar a los empresarios de las firmas que hoy acaparan el mercado de la telefonía móvil en nuestro país que el mercado de los celulares está al borde de la saturación. Con 43 millones de aparatos vendidos y 34 millones en uso, “ya se alcanzó un nivel en el que es difícil vender un móvil a una persona que no lo tenga”.
Y por supuesto, al terminar el 2007 la cifra asustaba, en todo el país se hacían por mes unas 250.000 denuncias por robo de celulares. Es decir, unas 8.500 por día, 354 cada hora, casi 6 por minuto, de acuerdo con datos extraoficiales recogidos entre las compañías telefónicas. Entonces tenemos que al año se roban entre un 8 y un 10% de todos los celulares que hay en circulación.

De donde venimos y hacia donde vamos.

Ahora bien, y habiendo dejado en claro que aquí tenemos un problema –delicado- y que efectivamente necesita de acciones sensatas y compromiso de una política de prevención seria y eficaz del Estado en el resguardo de esta y de todas las cuestiones que atañen al tema de la seguridad social, y con los palmarios datos que nos golpean y nos hacen saber que aquellas leyes aprobadas no han tenido o no han servido para poner coto a la escalada de delitos cometidos por medio o con objeto del uso de aparatos de telefonía móvil.
Ante situaciones de este tipo siempre me acuerdo que alguna vez leí de un polémico e irónico periodista – Teodoro Boot - que “la ley puede ser lacónica o frondosa, inflexible o contemplativa, rígida o tela de araña, pero apenas es un papel garrapateado, y casi siempre también mojado, si no es aplicada por funcionarios competentes y celosos de su deber.
Cada acto criminal, si cuenta con suficiente difusión periodística, desencadena una discusión mediática sobre la “dureza” de la legislación penal, sin que casi nadie se detenga analizar cuánto hay en ese crimen de deficiencia legal y cuánto de negligencia, ineptitud y corrupción policial y/o judicial. Vale decir, se confunde la norma con su aplicación: automáticamente se tiende a creer que la ineptitud de los funcionarios para hacer cumplir la ley se resuelve cambiando la ley, y no cambiando o mejorando a los encargados de hacerla cumplir. Pasa en todos los órdenes: si los chicos no aprenden, no faltará quien proponga cambiar la ley de educación, sin reparar en que, con los mismos maestros, los mismos padres y los mismos medios de comunicación, será inútil”.
Cuán cierto parece, y que oscuros parecieran los destinos de una Nación en la cual las leyes se alejan de constituir normas que rigen nuestra conducta social para vivir en armonía para convertirse en prebendas políticas que luego son inaplicables o sin efectividad en la práctica. O se ordenan sin tener en cuenta la reglamentación y la implementación, por lo tanto, esas leyes indefectiblemente terminarán funcionando mal.
Recuerdo también que tras el crimen de Facundo Azulay en 2005 -primer asesinado en un secuestro virtual- se anunciaron soluciones: como la mayoría de las extorsiones provienen de cárceles, se anunciaron reuniones entre funcionarios de seguridad y las compañías telefónicas para desarrollar softwares que controlaran las llamadas de los presos. Se habló además de poner cámaras para filmar a quienes usan los teléfonos en prisión. Poco y nada se avanzó en ese sentido, y lo que se hizo fue de dudosa eficacia, ante los hechos de la realidad… pareciera que si pocos hacen la denuncia es en parte porque las "soluciones" que se ofrecen son tan virtuales como los secuestros…
Por ello preocupan las declaraciones y las que se husmean como “veladas” intenciones del Sr. Ministro Fernández (y por ende de las demás esferas jerárquicas de Gobierno) en este asunto. No es nuestra culpa dudar. Así nos ha acostumbrado el Matrimonio Presidencial a leer, entreleer, glosar, desmenuzar y reelaborar lo que se dice y proyecta en cualquier ámbito de su gestión para por fin desentrañar lo que se está pergeñando. Tristemente en este país nos han acostumbrado a desconfiar, a pensar mal, y dejar que la “presunción de legitimidad de los actos públicos” pase de ser un principio cardinal del Derecho Administrativo a ser una fórmula anacrónica y devaluada que camina a convertirse en una excepción más que en una regla……
"A los que no se registren se le va a cortar el servicio y no existirán más", dijo Fernández. Impacta el grado de confianza sobre la eficacia e implementación rápida, eficiente e infalible del sistema a aprobar, y de las bases de datos que seguramente se implementarán. En realidad, y sentando cabales, parece muy arriesgado “cortar” a tontas y locas el servicio directamente de los que no se registren, presumiendo desde el vamos su “ilegalidad” (y afectando preceptos constitucionales y procesales que no permiten presuponer que alguien es culpable, hasta que por los mecanismos legales establecidos se demuestre su culpabilidad). No me quiero imaginar los trastornos burocráticos y de trámites que deberá soportar alguien injusta o erróneamente afectado, es decir, dejado fuera de la incontestable “infalibilidad ministerial”.
Quedan flotando muchas sensaciones y dudas ante una medida de esta magnitud (estamos hablando del registro y huellas dactilares de mas de 30 millones de aparatos, no lo olvidemos) en un país desbordado en proporción por la cantidad de teléfonos móviles en circulación.
Gracias a esta noticia, los medios dan cuenta de que no hay experiencias internacionales de un registro de titulares de líneas prepagas (con tarjeta), e incluso pusieron como ejemplo contrario la venta de equipos celulares descartables en los Estados Unidos. O su fracaso ante el intento de aplicarla por países europeos. Es que el riesgo de que miles de personas terminen enmarañadas en tramites administrativos (cuando no judiciales) es patente. ¿De cuántos daños y perjuicios tendrán que eventualmente hacerse cargo las empresas y el Estado ante esta situación? Parece que hemos olvidado que el país que pretende implementar estas “mega – reformas” es el mismo que demora un año en remitir un DNI al Interior, o que tiene un tren que demora de 15 a 16 horas para hacer el recorrido de 700 kms. entre las dos principales capitales (Bs.As- Córdoba)…
Si queremos comparar a los celulares con armas y a los chips con balas, las perspectivas lamentablemente tampoco parecen ser halagüeñas, ya que, con un Instituto especializado como el RENAR en los últimos años se instaló la idea de que existe, por lo menos, un arma en negro por cada una legalmente inscripta. En total, habría algo así como dos millones y medio (leyó bien) de armas en manos de particulares. Ni hablar de los datos que indican que la producción de armas “tumberas” (modalidad de fabricación ilegal de armas) crece sin pausa, y ya ocuparían un segmento del 10% del mercado en negro. Y a esta información la daban los diarios hace dos años……… Es decir, no cabe duda que pese a los intentos, planes de canje mediante, este aspecto de la seguridad y control ha sido totalmente desbordante para las políticas de seguridad empleadas, constituyendo a las mismas en un absoluto fracaso y prueba más de la incapacidad de los funcionarios responsables de ejercerlas.
Cómo entonces no desconfiar de la medida anunciada tan “levemente” con tanta ambigüedad, ligereza e imprecisión sobre el control y registración de un objeto qu,e a diferencia de un arma, lo portan niños desde la edad primaria, se presta, se canjea, se “libera”, pasa de mano en mano en infinidad de ocasiones, se vende en cualquier parte y ya está incorporado a la vida cotidiana de las personas como se lleva un paquete de caramelos en el bolsillo.
Cómo no escuchar las voces que indican que este emprendimiento será utilizado para conocer las líneas "secretas" que poseen los periodistas para hablar con importantes fuentes de información —paradójicamente vedadas de hablar con el periodismo por el propio gobierno— o que utilizan algunos políticos de la oposición para hablar en secreto, intentando evitar las pinchaduras de los servicios de Inteligencia vernáculos
(¿ o ya nos olvidamos que un equipo de técnicos en seguridad teleinformática de la Universidad de Buenos Aires (UBA) comprobó que los teléfonos de la revista Noticias, y los de Editorial Perfil, estaban pinchados por la Secretaría de Inteligencia (SIDE) en el Gobierno de Nestor Kirchner?)
Cómo no dudar del lucro con las bases de datos, constitucionalmente protegidas, y del “acopio” desprolijo e indiscriminado sobre información personal de cada uno de nosotros. Qué grado de certeza tiene el ciudadano común de a dónde van a parar, quien administra, y con qué fines sus datos personales?. Al Ministro de Justicia le responden las fuerzas de seguridad nacionales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura) y el Servicio Penitenciario Federal. Es decir que no sólo recibe de estas fuerzas estadísticas diarias e informes de Inteligencia, sino que también dependen de este ministerio los registros nacionales del Automotor, de Propiedad Inmueble, de Propiedad Intelectual, de Reincidencias y la Superintendencia Científica de la Policía Federal, única custodia de los legajos de identidad personal de todos los habitantes de la Nación y los legajos criminales.
¿Adónde tiene guardada, Ministro, en que profundo cajón de su escritorio –entre tantas - la ley de protección de datos personales 25.326?
Cómo no dudar de los “responsables” estudios preliminares realizados y de la idoneidad de los informes recabados, si últimamente las informaciones señalan que los delincuentes clonan líneas no solo de celulares sino de servicios de la índole del brindado por Nextel , con características diferenciadas de lo que es un equipo celular “común”, incluso prefiriendo este tipo de servicio para su accionar.
Cómo no dudar, cuando – y parece que aquí no haya pasado nada en los últimos meses ya se han alzado voces de constitucionalistas que señalan que respecto al decreto, el proyecto no debería ser concretado por esa vía sino por medio de una ley, con el tratamiento del Congreso necesario.
Cómo no dudar, cuando el mismo Fernández deja entrever responsabilidad empresaria en algunos hechos (al decir que "la mayoría de las denuncias se hacen al lado de las empresas" y que eso "da que pensar"), en el sentido – entiendo - que la "distracción" de las empresas en bloquear la línea y no el aparato tiene que ver conque están en connivencia con los malvivientes. Que ingenuo. En realidad la mayoría de denuncias no se hacen en ningún lado. Y sino, lo que esta diciendo es de una inusitada gravedad que habrá que fundamentar y sostener.

Entiéndase bien: la idea de regular, transparentar y aclarar el mercado de celulares acotando las posibilidades del delincuente de utilizar estos medios es una tarea no solo saludable sino necesaria y urgente como herramienta contra el delito, y acompañando a la ley. Precisamente por ello desde aquí se le solicita al Gobierno encargado de velar por la salud, seguridad y bienestar de todos los argentinos, acciones responsables, concienzudas, comprometidas, y que propendan a ser eficaces. Aquí faltan políticas integrales y responsables, porque no bastan las reacciones espasmódicas frente a hechos puntuales sin el respaldo, buena fé y compromiso institucional a largo plazo por detrás.
Basta de turbios parches.
Ojalá alguien nos escuche y se abran las puertas de la Casa de Gobierno a las necesidades reales de la gente. Y que sea de par en par. Ojalá.

ANEXO DE ÚLTIMO MOMENTO.
Comentario NO publicado por cierre de edición.-

Al cierre de este comentario, y con el decreto que regulará la venta de celulares aún sin firmar, el ministro Fernández ha indicado que lo más seguro es que no se deba registrar la huella digital de cada persona que compre un aparato. Reconoció que en uno de los anexos, no en el decreto que se trabaja, estaba prevista la huella. De cualquier modo, voceros del Ministerio indicaron que en el largo plazo, sí; todos tendrán que registrar la huella digital.
Entiéndase bien: Más allá de la polémica, es asombroso como el manoseo, la improvisación y la precariedad intelectual soslayan asuntos como la protección responsable y legal de los datos personales. En 24, 48 o 72 hs. los “proyectos”, las “declamaciones” van y vienen, y el ciudadano por supuesto, es rehén de las elucubraciones de algunos iluminados que no solo que le complican el legitimo derecho a vivir en paz, sino que las soluciones poco aportan a combatir el mal mayor, que es la inseguridad. De un planeamiento estratégico, de una política integral, de un programa serio, poco. De manotazos de ahogado, mucho.
Les dejo el texto del art. 1º de la ley de “Protección de Datos Personales” , a ver si despabilando un poco a las normas en el Gobierno algunos se acuerdan de su existencia. Advierto que en dicho artículo se leen palabras de – lamentablemente - “hondo contenido ficcional” para lo que es la realidad que transitamos por estos días en nuestro querido país (por ej. “protección integral” – “honor” – “intimidad” – “Constitución Nacional”). A saber: ARTICULO 1° LEY 25.326: “La presente ley tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional. Las disposiciones de la presente ley también serán aplicables, en cuanto resulte pertinente, a los datos relativos a personas de existencia ideal. En ningún caso se podrán afectar la base de datos ni las fuentes de información periodísticas.”
A hacerla valer, señores.

Para leer esta nota directamente desde la web de Comercio y Justicia, click aquí.-

Carlos. C. Koval Yanzi
Abogado
Adscripto en Derecho Tributario y Derecho Concursal U.N.C.
E Mail: ap_yasociados@yahoo.com.ar