CRÍTICAS A LA MAL LLAMADA “DEMOCRATIZACIÓN DE LA JUSTICIA”
publicado en Leyes y Comentarios de Comercio y Justicia el 19/04/2013.-
Estas líneas no contienen apreciaciones políticas, ya que carezco de pertenencia o afiliación política o partidaria. No busque el lector identificarme con ninguna corriente en particular, ya que no me identifico en su totalidad con ninguna de ellas. Tampoco represento a los poderes económicos, ni a los grandes lobbies ni mercaderes. Tampoco me identifico con ninguno de ellos. No pertenezco a la raza de “buitres”, “caranchos”, ni trabajo en la “industria de juicio”. Por el contrario, me considero parte integrante de honestos juristas que en cadena Nacional hemos sido ofendidos públicamente, y en reiteradas ocasiones, al ser englobados dentro de las desafortunadas “etiquetas” señaladas. La introducción precedente sobre mi persona, es a los efectos de evitar el desgastado argumento ad personam que utilizan asiduamente los obsecuentes del Gobierno para descalificar a las personas que critican el modelo. Lo que leerán en estas líneas no es apto para oficialistas reverentes y carentes de pensamiento propio. Justamente por eso y, para que nadie pueda efectuar la falacia ad hominem en mi contra es que he avanzado en una breve caracterización de mi línea de pensamiento.
Las desafortunadas expresiones de diversos funcionarios - incluida CFK, que parece haber olvidado sus días de profesional litigante, que, precisamente, hizo fortuna en la industria del juicio- me agotaron. Se olvidan los funcionarios que ellos, sus familiares y allegados, sacaron sus ahorros mediante cautelares en la época del corralito, y parece ser que ningún funcionario hubiese tenido jamás un padre o abuelo que hubiese cobrado al ANSES lo que las sentencias mandaron pagar. Justamente tiempo atrás se supo que la madre de la Presidenta ganó y cobró un juicio a la ANSES por reajuste de su beneficio.
Estoy agotado. Me propuse decir basta. Y hablo desde mi lugar de ciudadano trabajador y honrado, que nada a nadie debe, y que no tiene ataduras para expresarse libremente, ni intereses ajenos que defender. Este ciudadano se cansó del doble discurso y de la doble moral de este gobierno mediocre. La gota que para mí ha rebalsado el vaso es esta batería de proyectos de ley impresentables, fruto del capricho antojadizo de un aquelarre de funcionarios ávidos de más poder.
La ridículamente mal llamada democratización de la justicia encubre un secreto a voces: el control de la Justicia, único escenario que hasta ahora ha sabido resistir la “okupación”. No se me malinterprete: no soy necio ni mucho menos: la corporación judicial existe, así como el nepotismo que bien supo denunciar, por caso, el periodista Sergio Carreras en “la Sagrada Familia”. Los vínculos entre la Justicia y el Poder económico y político son innegables. El procedimiento de selección y enjuiciamiento de magistrados debe ser revisado, y el servicio de justicia transparentado, agilizado y ordenado. Pero el camino elegido por este gobierno no puede ser más equivocado. El mismo gobierno que dice ser progresista pretende otorgar más poder al Estado por sobre sus ciudadanos y crearse un fuero de impunidad absoluta, para legislar según arbitrio. Los intereses del Estado no deberían confundirse con los intereses del Gobierno, pero la obsecuencia boba ha permitido que hoy Estado se identifique con Gobierno, y que el llamado “relato oficial” se convierta en política de estado. Los enemigos del Gobierno se han convertido en enemigos del Estado. Nada más absurdo. Resulta patético observar desde un ángulo imparcial como el Gobierno hace todo lo posible por destruir al antiguo aliado Grupo Clarín, y como éste, hace lo propio con el Gobierno, marcando ambos la agenda nacional, en olvido de lo que realmente importa. Ciertamente no creo en Clarín, ni en Pagina 12. No creo en el Gobierno ni veo oposición en quien creer. Ciertamente vamos a la deriva y queda en manos de ciudadanos como yo el decir basta de mentiras, corrupción, doble moral y “panquequismo”.
Al cierre de estas líneas un informe periodístico conmovió el escenario político. La ruta de lavado de dinero que se denunció, se suma a una lista de escándalos hasta hoy impunes, que salpican a baldazos al gobierno: recordemos algunos de los más resonantes affaires: Ciccone-Boudou, Micieli, Shocklender-Bonafini, Antonini Wilson, Lázaro e hijos, y un largo etcétera. Si el rio suena, agua trae. En este marco es que se debe entender la batería de proyectos de ley que analizaré. Este cúmulo de normas impresentables pretenden cerrar un circulo de impunidad: el ciudadano no podrá ejercer sus derechos frente a un Estado arbitrario que legisla de acuerdo a los intereses de una camarilla, que para encubrir sus turbios asuntos, pretende designar a sus propios jueces, que filtren los casos que llegan a la Corte Suprema [CSJN], y en el ínterin, como no pueden borrar de un plumazo a todos los jueces ya designados, la brillante idea es la de impedir medidas cautelares contra el absurdo estatal.
Pasemos a analizar los nuevos caprichos de este Gobierno.
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA PARA TOD@S
A todas luces la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura [CM] a través de elecciones ciudadanas es un despropósito muy evidente, a la par que una decisión claramente inconstitucional. No puede modificarse este aspecto sin modificarse la Constitución. El Art 114 de la CN claramente expresa que “El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal (…)” el componente democrático de elección popular es justamente la representación que en el CM tienen los miembros del Congreso de la Nación, que son elegidos por el voto popular. La representación por los estamentos de Jueces y Abogados, tiene su razón de ser en que son los que más conocen la realidad de la Justicia, y quienes más de cerca están en condiciones de apreciar los requisitos que debe reunir un magistrado para ocupar –o abandonar- un cargo. Las votaciones por estamentos no son desconocidas en nuestro sistema democrático, piénsese por ejemplo en las Universidades Nacionales, en las cuales los docentes, estudiantes, no docentes y egresados, eligen de su seno a sus propios representantes. Permitir que los jueces queden sometidos a elección popular, implica lisa y llanamente permitir directa injerencia del poder político en la Justicia, que perdería su –al menos teórica- independencia. Con respecto a la integración que se propone del nuevo CM, se estarían desconociendo la integración de minorías, la proporcionalidad, la distribución geográfica, entre otras cuestiones, pero por sobre todas las cuestiones se pretende una modificación al sistema impuesto por la CN.
JUICIOS MAS LARGOS PARA TOD@S
La pretensión de introducir una nueva instancia en los juicios contra el Estado, a través de Cámaras de Casación en lo Contencioso Administrativo, o del Trabajo y de la Seguridad Social implica lisa y llanamente introducir una nueva etapa en todo juicio, para dilatar los ya de por si dilatadísimos procesos judiciales contra el Estado. Esto puede leerse claramente como una “barrera de contención” que el gobierno pretende establecer, a modo de filtro de las causas que llegan por el contencioso administrativo a la CSJN, o dilatar aún más el pago de la crónica deuda que el Estado tiene para con los jubilados. Sabido es que hoy la ASNES representa la “caja” del Estado, y que para que el Gobierno pueda echar mano de ella a su antojo la debe cuidar. Y esto se hace dilatando los pagos. Este Gobierno que se precia de progresista y defensor de los derechos humanos directamente viola el principio de tutela judicial efectiva consagrados en los tratados internacionales sobre derechos humanos y que garantizan a los ciudadanos un accesos rápido y efectivo a la justicia lo que no será posible si se crea artificialmente una nueva instancia en este tipo de procesos.
Como si ello no fuera suficiente, y en atención a que el Gobierno pretende nombrar a sus propios jueces, como hemos visto, con la modificación al CM advertimos que no solo serían estas Cámaras de Casación un obstáculo en términos de alargamiento de los procesos, sino en una efectiva barrera que impediría el acceso a la CSJN, habida cuenta que los jueces que integrarían las Cámara de Casación serian pro Gobierno.
Por otro lado yo me pregunto: ¿por qué no se agiliza la justicia dotándola de recursos tecnológicos y humanos suficientes? ¿No se quejaba el Gobierno de las demoras de la justicia en resolver sobre la Cautelar que le impedía avanzar con la de Ley de Medios? ¿No es mejor desbloquear los nombramientos de jueces para cubrir las decenas de cargos vacantes en todo el país? ¿No es mejor acelerar los procesos sin incluir amenazas de juris de enjuiciamiento a magistrados con agallas como el Dr. Herrero de la Cámara de Seguridad Social [CFSS] de la Nación? ¿Por qué recurren los abogados de la ANSES en chicanas baratas de recusaciones masivas en la CFSS? El “relato” ya es a estas alturas “invendible”. Solo lo compran quienes coyunturalmente se benefician con él.
Lo que se pretende es ciertamente un bloqueo judicial a todo lo que pueda dañar o molestar al gobierno. El Gobierno pretende imponer medidas legislativa mediante aprietes, sin debate y sin consenso. ¿No tiene técnicos este Gobierno? ¿No le advierten a CFK y adláteres de las enormes falencias jurídicas de los proyectos enviados? ¿No pueden visualizar acaso que este pack de leyes insólitas será declarado inconstitucional si es que alguna vez se promulgan? ¿o son todos tan obsecuentes y sumisos? Por suerte todas las voces se han alzado en contra de estos proyectos, incluso de quienes eran la elite intelectual de este modelo. Y digo eran, porque en el esquema maniqueo de este Gobierno, ahora pasarán seguramente a integrar el bando de los ángeles caídos
CAUTELARES PARA NADIE
Mucho se ha dicho y escrito sobre este tema en los últimos días. Yo por mi parte, remito al archivo de este diario, ya que en la Sección Leyes y Comentarios de Comercio y Justicia del 18/04/2012 he publicado un comentario de fondo al respecto.
No obstante lo señalado, sería útil apuntar y reiterar en este lugar alguno de los argumentos que determinan la inviabilidad del proyecto de ley que limita las medidas cautelares contra el Estado:
> El proyecto atenta contra la igualdad procesal de las partes en juicio, ya que se privilegia al más fuerte -el Estado-, por sobre el más débil (el ciudadano, el trabajador, etc.)
> El proyecto atenta contra la igualdad ante la ley, ya que adjudica prerrogativas inadmisibles para el Estado y sus dependencias.
> Se establecen trabas inadmisibles para acceder a la justicia, ya que se exige caución real en determinados supuestos, en contraposición con la ley actual que permite, fianzas personales de abogados litigantes, o como las cauciones juratorias que el interesado puede imponer, bastando solo su voluntad.
> El proyecto contiene definiciones muy ambiguas: ¿Qué debemos entender por interés público comprometido? ¿Cómo medir, tasar o mensurar el interés público comprometido? ¿Cómo contrastarlo y/o contrapesarlo en relación con los derechos afectados en juego?
> Se afectan numerosos derechos y garantías consagrados en la constitución nacional y en los tratados internacionales incorporados a ella: derecho a la igualdad, a la seguridad jurídica, al debido proceso, etc. y pueden verse afectados otros cuantos derechos, como el de la propiedad, según sea el caso.
> Este proyecto nuevamente "olvida" que existe una garantía reconocida internacionalmente e incorporada a nuestra constitución con máxima jerarquía normativa como es la garantía a la tutela judicial efectiva, mediante la cual se garantiza, valga la redundancia, un acceso expedito a la justicia y un trámite rápido y efectivo que permita la protección de los Derechos Humanos, entre ellos el derecho a trabajar, en su amplia acepción, y la determinación del alcance de tales derechos.
> Se limita la facultad del Poder Judicial de controlar a los otros poderes del Estado, para evitar que estos encaren medidas arbitrarias. El principio republicano de gobierno que nuestra constitución establece queda seriamente herido si se impide o restringe una de sus características básicas: el poder se divide en tres ramas para que cada una de ellas ejerza el control sobre las demás. Todos los actos de Gobierno deben sortear el control judicial, cuando han sido cuestionados, y debe ser la Justicia la que efectúe el “test de constitucionalidad” de cada uno de ellos. Si esa función se suprime o se limita, se resiente el principio republicano de gobierno y por ende la previsibilidad, la seriedad y la seguridad jurídica del Estado.
> por el contrario, se permite al Estado pedirle al poder Judicial que dicte medidas cautelares en contra de ciudadanos, empresas, sindicatos, cuando estos adopten medidas o lleven adelante reclamos que afecten el “interés público”. Volvemos a lo mismo: ¿Cómo definimos interés público? Corren serio peligro, por caso, el derecho de peticionar ante las autoridades o el derecho de huelga.
CONCLUSIONES
Este gobierno ha dado sobradas muestras de improvisación, cortoplacismo, autocomplacencia, autoritarismo y capricho. Tanto que me hace recordar a mi hijo más pequeño, que con 4 años cambia las reglas de los juegos para poder ganar, o patea el tablero y rompe las piezas ante la mínima frustración por no poder ganar ese mismo juego. Este gobierno, pretende legislar caprichosamente, sin debate, sin consenso, sin asistencia técnica, y como hasta ahora la Justicia le he puesto los limites, en determinadas medidas que han sido declaradas inconstitucionales, ha decidido echar mano a todos los recursos para salirse con la suya. Recordemos, por ejemplo, que en tiempo récord se sancionó la ley del per saltum, para que sea usada en la causa Clarín. La Justicia, nuevamente, puso límite al absurdo cuando declaro inadmisible el per saltum por ser improcedente desde el punto de vista formal. En ese caso quedo expuesto el grado de improvisación, ineptitud y descaro cuando le rechazaron el per saltum por motivos formales que cualquier estudiante promedio de abogacía advertiría fácilmente.
En esta oportunidad lo que ha quedado en claro para toda la ciudadanía es que la pretendida democratización de la Justicia oculta la verdadera y velada intención de convertir a la Justicia en una dependencia del Poder Ejecutivo, que avale sus caprichos, que legitime sus mamarrachos jurídicos, y que exima a sus acólitos del peso de la ley, creando barreras, designando jueces propios y limitando el ejercicio de los derechos.
Ciertamente, la Justicia debe ser modernizada, mejorada y en muchos casos investigada. Pero el camino elegido no es este. A la mente se me viene una vieja canción de un grupo de rock mexicano llamado Molotov, que en el estribillo de una de sus canciones más populares canta: “si le das más poder al Poder, más duro te van a venir a joder”. Por todo eso, y mucho más, yo digo basta, no más.
Aníbal Paz
Abogado
Aquí los textos de los diversos proyectos de Ley enviados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación:
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